Con la entrada en vigor este próximo mes de marzo de la nueva norma culmina un proceso de revisión y modernización de la vigente regulación sobre contratación pública, que facilitará la participación de las pequeñas y medianas empresas en el proceso y permitirá a los poderes públicos incrementar la eficiencia en el gasto público, empleando además la contratación como apoyo a objetivos sociales, entre otras novedades.